La FAO (2023) define la seguridad alimentaria como la situación en la cual todas las personas, en todo
momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus
necesidades y preferencias para llevar una vida activa y sana. Esta definición comprende cuatro pilares fundamentales:
disponibilidad (cantidad suficiente), acceso (posibilidad de obtener alimentos, comprándolos o produciéndolos),
utilización (seguros y nutritivos posibles de aprovechar, lo que implica acceso a agua potable, saneamiento, salud y
educación), y estabilidad (constantes en el tiempo aún en crisis o imprevistos).
La OMS (2020) señala, en adición, que la nutrición adecuada depende también de la diversidad dietética
y la prevención de deficiencias de micronutrientes, es decir, se debe consumir una variedad de alimentos ricos en
vitaminas y minerales para asegurar el desarrollo óptimo y prevenir problemas de salud.
El comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), en el marco de la Declaración de Derechos Humanos,
donde se reconoce el derecho a la alimentación, promueve y trata el tema de la seguridad alimentaria y la nutrición a
través de la convergencia de políticas, el reforzamiento de acciones y responsabilidades y el fomento a la inclusión.
También señala que los principales factores asociados a la inseguridad alimentaria en ALC son la pérdida de ingresos,
la desigualdad y el aumento en el precio de los alimentos. Estos tres factores han restringido el acceso a alimentos
saludables.
Por su parte la FAO (2019) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021)
han señalado que la vulnerabilidad alimentaria está asociada a la pobreza, la política alimentaria, la desigualdad
territorial y el cambio climático.
Asmismo, Smith y Haddad (2015) señalaron que, si bien la alimentación está asociada a la pobreza, también
influyen otros factores importantes en la reducción del retraso del crecimiento infantil tal como el acceso al agua
potable y el saneamiento, la educación de las mujeres, la equidad de género y la cantidad y calidad de los alimentos
disponibles en los países. También señalaron que el crecimiento de los ingresos y la gobernanza desempeñan un
papel facilitador esencial como complemento de los programas, proyectos y políticas específicas que son sensibles
a la problemática de la nutrición.
Política alimentaria y de programas sociales
El gobierno a través de la política alimentaria busca mediante un conjunto de acciones, leyes y programas
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional al respecto, la literatura existente al respecto, destacan temas
cruciales como la seguridad alimentaria y nutricional de las Naciones Unidas que a través de al ODS -Objetivo 2
«Hambre Cero», busca erradicar el hambre, también organizaciones como la FAO (2025) y el Programa Mundial
de Alimentos, trabajan en estrategias para lograr sostenibilidad ambiental del sistema alimentario y, enfatizan la
integración de conocimientos entre diferentes actores, resaltando la importancia de la gobernanza inclusiva y los
desafíos socioeconómicos y políticos que impactan en la producción, distribución y consumo de alimentos.
Por su parte, la literatura sobre desarrollo critica los modelos tradicionales, destacando la construcción social
de la desigualdad global y la necesidad de enfoques más inclusivos que reconozcan las libertades y la diversidad
cultural. En este sentido, Maxwell y Vaitla (2021) señalan que las intervenciones multisectoriales son fundamentales
para enfrentar la inseguridad alimentaria desde un enfoque estructural.
De otro lado, la FAO (2024) precisa que los hallazgos recientes refuerzan la necesidad de transformar los
sistemas alimentarios y aumentar la financiación para acabar con el hambre y todas las formas de malnutrición
considerando que decenas o centenas de millones de personas siguen enfrentando inseguridad alimentaria y
malnutrición. En la misma dirección el Banco Interamericano de Desarrollo (BID,2024), señala que la inseguridad
alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) se ha convertido en un problema estructural agravado por las
crisis y acontecimientos del último quinquenio [2020-2025], como la pandemia del COVID-19, el conflicto entre
Rusia y Ucrania y por el actual contexto de cambio climático. Para enfrentar este problema Zúñiga-Escobar, Grisa
y Souza (2020), proponen un enfoque de redes de la política pública para fortalecer la gobernanza de la seguridad
alimentaria nutricional, porque permite identificar las formas de participación intersectorialidad entre los actores,
las reglas y procesos formales e informales con que operan, por medio de los cuales actores públicos y privados