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Desafíos en la conformación de equipos especiales
para investigar delitos complejos
Challenges in the formation of special teams to investigate complex crimes
Recibido: 29 de enero de 2025 | Revisado: 03 de abril de 2025 | Aceptado: 19 de diciembre de 2025
Víctor Túllume Pisfil
1
1 Escuela Universitaria de Posgrado – Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, Perú
Correo: victor_tp@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3941-7359
https://doi.org/10.62428/rcvp2025422084
Abstract
The aim was to analyze the challenges in the formation of Special Teams for the investigation and criminal prosecution of complex crimes
in the fiscal district of the context in Perú between 2022 – 2025. A documentary analysis was carried out that covered five relevant cases
on the topic, in addition to applying an interview guide to a sample of seven lawyers specialized in criminal law with experience in the
matter. It was found that the challenges were, from the lack of financial and logistical resources and highly trained specialized personnel,
the need to guarantee functional stability and operational independence in the face of internal and external pressures, weak inter-institutional
coordination and support, the absence of a solid legal framework, to political interference and institutional bureaucracy. These factors limit
the operational capacity of the Special Teams, negatively affecting their performance in the investigation and prosecution of complex crimes.
To achieve this, it is crucial to implement a series of reforms and improvements, such as guaranteeing an adequate budget, providing sufficient
logistical resources, ensuring the independence of the teams, implementing continuous training programs for prosecutors and technicians, and
defining clear protocols for inter-institutional cooperation.
Keywords: Special teams, complex crimes, sanctions system, guarantees.
Resumen
El objetivo fue analizar los desafíos en la conformación de Equipos Especiales para la investigación y persecución penal de los delitos
complejos en el distrito fiscal de Ancash como reflejo del contexto en Perú entre 2022 -2025. Se llevó a cabo un análisis documental que
abarcó cinco casos relevantes sobre el tema, además de aplicar una guía de entrevistas a una muestra de siete abogados especializados en
derecho penal o con experiencia en la materia. Se encontró que los desafíos fueron, desde la falta de recursos financieros, logísticos y de
personal especializado altamente capacitado, la necesidad de garantizar la estabilidad funcional y la independencia operativa ante presiones
internas y externas, la débil coordinación y apoyo interinstitucional, la ausencia de un marco legal sólido, hasta la interferencia política y la
burocracia institucional. Estos factores limitan la capacidad operativa de los Equipos Especiales, afectando negativamente su desempeño en
la investigación y persecución de delitos complejos. Para ello, es crucial implementar una serie de reformas y mejoras, tales como garantizar
un presupuesto adecuado, proveer recursos logísticos suficientes, asegurar la independencia de los equipos, implementar programas de
formación continua para fiscales y técnicos, y definir protocolos claros de cooperación interinstitucional.
Palabras clave: Equipos especiales, delitos complejos, sistema de sanciones, garantías.
Este artículo es de acceso abierto distribuido bajo los terminos y condicionesde la
licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
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Introducción
El fenómeno de la globalización y el crecimiento de la conectividad entre personas, países y organizaciones
por medios tecnológicos cada vez más novedosos, ha propiciado estructuras de mercado cada vez más complejas
y diversificadas, lo que ha traído aparejado el surgimiento de novedosas formas de criminalidad entrelazadas con
nuevas realidades, como las organizaciones transfronteriza, redes, delitos informáticos, renovados y nacientes
delitos económicos y financieros y un amplio abanico de delitos vinculados a casos de corrupción inmersos en el
ámbito público y político, los cuales usan plataformas, medios y mecanismos procurando la impunidad, tornando
complejo las investigaciones y el acceso a información para acreditar tales ilícitos (Soto, 2022).
En el contexto internacional se tiene que, en distintas regiones y países de América Latina, delitos complejos
como el narcotráfico y lavado de activos, perpetrados por organizaciones criminales poderosas con conexiones en
los sectores público y privado, resultan difíciles de desarticular y juzgar. Además, la migración y el desplazamiento
de personas, ya sea por problemas políticos, criminales o económicos, han propiciado el crecimiento de redes de
tráfico y la expansión de organizaciones delictivas. Este panorama ha planteado grandes desafíos a las autoridades
de seguridad y fiscales para desmantelar dichas organizaciones y proteger a las víctimas (Solís y Rojas, 2008).
Para abordar estos problemas, existen varios instrumentos internacionales que comprometen a los Estados a
combatir eficazmente el crimen organizado. Entre ellos se encuentran la Convención de las Naciones Unidad contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención contra la Corrupción y la Convención Interamericana
contra la Corrupción. Los Estados parte deben adoptar medidas efectivas en sus sistemas legales para prevenir,
detectar y sancionar el crimen organizado, además de proporcionar recursos y personal especializado.
En los últimos años [2022-2025] ha crecido la peligrosidad en los delitos graves y de impacto social que
no solo vulneran múltiples bienes jurídicos, sino que también afectan la transparencia institucional, incluyendo el
sistema de justicia. Esto ha llevado al Ministerio Público a demandar una atención especial y estrategias coordinadas
en la investigación y persecución de estos delitos (Magaz, 2015).
La participación de diversos órganos fiscales en la lucha contra delitos complejos ha resaltado la necesidad
de medidas concretas para fortalecer la actuación fiscal. Incluye la creación de despachos fiscales y Equipos
Especiales que se centren en la investigación de estos crímenes.
Los Equipos Especiales se establecen conforme al Artículo 80-A de la Ley Orgánica del Ministerio
Público (Decreto Legislativo N° 052), permitiendo al Fiscal de la Nación su conformación en casos complejos.
Están integrados por fiscales provinciales y Adjuntos Provinciales, quienes deben participar activamente en las
investigaciones (Ley Orgánica del Ministerio Público, 1981).
Es crucial que los fiscales cuenten con las garantías mínimas, como la independencia y objetividad, para
asegurar que sus investigaciones persigan únicamente la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en su sentencia del 24 de noviembre de 2020 (Caso Nina Vs. Perú), ha enfatizado la necesidad de independencia,
tanto de iure como de facto, para el correcto desempeño de la función fiscal (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, 2020).
Sin embargo, varios factores pueden interferir en el ejercicio eficaz de esta independencia, como la estabilidad
en el cargo, la disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos, y la necesidad de definir claramente qué casos
se consideran complejos para ser gestionados por los Equipos Especiales.
En virtud de los anterior, es claro que resulta de interés conocer cuáles son los desafíos para la conformación
de Equipos Especiales para la investigación u persecución penal de los delitos complejos en el distrito fiscal de
Ancash como reflejo del contexto en Perú 2022-2025.
Método
La investigación se realizó en Ancash en el periodo 2022-2025. La población de estudio está compuesta por
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abogados especializados en derecho penal o con experiencia relevante en el tema. La muestra está compuesta por
siete (7) abogados especializados en derecho penal o con experiencia relevante en el tema analizado, se seleccionaron
sujetos basándose en sus conocimientos y experiencias
Se aplicó una entrevista no estructurada que permite obtener información detallada a través de una
comunicación flexible y adaptativa entre el investigador y el entrevistado sobre un tema específico. El instrumento
fue previamente validado por expertos.
El procedimiento de recolección de datos incluyó los siguientes pasos: i) Aclarar las metas para la recolección
de datos; ii) Desarrollar definiciones operacionales y procedimientos; iii) Validar el instrumento; iv) Comenzar la
recolección de los datos en bufetes o despacho de abogados; v) Para realizar el cuestionario, se garantizó que
las personas conozcan los fines de la entrevista, sigan las instrucciones de recolección de datos y completen el
instrumento; vi) Se usó las herramientas tecnológicas (correos electrónicos, videos, chat, entre otros), para facilitar
la comunicación en el caso de las entrevistas presenciales complicadas.
Resultados
Análisis de Casos
Para comprender los desafíos en la conformación de Equipos Especiales en la investigación de delitos
complejos en Perú, se revisaron cinco casos relevantes que ilustran las dificultades operativas en esta área.
Caso I: Evaluación de exclusión de coordinadora del equipo “Cuellos Blancos”
El caso de Magaly Quiróz releva importantes obstáculos, como la falta de recursos, problemas de
coordinación, presunto abuso de autonomía e interferencia política. Para mejorar la eficacia de estos equipos, es
esencial aumentar los recursos, mejorar la coordinación, garantizar autonomía bajo supervisión y proteger contra
interferencias políticas.
Caso II: Reposición del equipo policial especial de apoyo al Eficcop
Este caso destaca la necesidad de independencia, recursos adecuados y un marco legal robusto para fortalecer
la capacidad del Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad organizada y corrupción. La constante tensión
entre la aspiración a una justicia independiente y la realidad de la interferencia política resalta la urgencia de
implementar reformas estructurales que aseguren autonomía y fomenten una cultura de cooperación dentro del
Ministerio Público.
Caso III. Retiro de Marita Barreto del equipo especial
Este caso subraya la importancia de la independencia, trasparencia y continuidad en los equipos especiales.
Es vital que las decisiones sobre el personal se basen en méritos y necesidades operativas, no en intereses políticos.
Un marco legal robusto y la provisión de recursos y capacitación continua son esenciales para enfrentar la creciente
sofisticación de los delitos complejos.
Caso IV: Conformación de un Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción
La Resolución N.° 1313-2022-MP-FN constituye un avance significativo al designar un equipo con
dedicación exclusiva para tratar delitos complejos. No obstante, se debe asegurar la especialización, recursos
adecuados, independencia y capacitación continua, junto con una evaluación constante que promueva la colaboración
interinstitucional.
Caso V: Nombramiento en Fiscalía Supraprovincial
La Resolución N.° 068-2024-MP-FN fortalece la capacidad del Ministerio Público para enfrentar delitos
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complejos. Es crucial abordar la especialización, recursos adecuados y la formación continua de los fiscales. La
implementación efectiva de esta resolución, junto con la promoción de transparencia, será esencial para combatir la
corrupción y la criminalidad organizada.
Estos casos evidencian la necesidad de un enfoque integral que aborde los desafíos operativos, garantizando
el apoyo y la autonomía necesarios para que los Equipos Especiales desempeñen su labor de manera eficaz y
transparente.
Análisis de entrevistas
Para analizar las respuestas de cada abogado experto, se asignó un código a cada uno como participante:
Participante (1), Participante (2), Participante (3), Participante (4), Participante (5), Participante (6) y Participante
(7).
Análisis interpretativo
De los participantes entrevistados en virtud de la primera pregunta: ¿Cuál es la eficacia de los Equipos
Especiales dentro del Estado peruano? El análisis de las respuestas muestra una diversidad de opiniones sobre la
eficacia de los Equipos Especiales dentro del Estado peruano. Sin embargo, se pueden identificar ciertos patrones
de concordancia y discrepancia. La mayoría de los participantes (1), (3), (4), (5) y (7) coinciden en reconocer algún
grado de eficacia en los Equipos Especiales, destacando sus capacidades especializadas y logros en casos complejos.
Sin embargo, también coinciden en señalar que su eficacia no es absoluta y depende de múltiples factores, como
los recursos disponibles, la coordinación interinstitucional, y la formación continua. Por otro lado, dos participantes
(2) y (6) presentan una visión más crítica, subrayando las deficiencias y desafíos enfrentados por estos equipos.
Esto indica una percepción mixta sobre su eficacia, con un balance inclinado hacia una valoración positiva pero
condicionada por diversos desafíos.
De los participantes entrevistados en virtud de la segunda pregunta: ¿Cuáles son los desafíos para la
conformación de Equipos Especiales para la investigación y persecución penal de los delitos complejos en el Perú?
Al analizar las respuestas de los participantes, se puede observar que hay una notable concordancia en identificar
ciertos desafíos clave. Los participantes (1), (2), (4), (5) y (7) coinciden en que la falta de recursos económicos y
logísticos es un desafío fundamental. La escasez de recursos afecta la capacidad de los equipos para funcionar de
manera eficiente.
La necesidad de contar con personal preparado y la formación continua son mencionadas por los participantes
(1), (2), (4), (5) y (7). Esto incluye tanto la selección de fiscales idóneos como la capacitación técnica constante. La
coordinación interinstitucional y la cooperación con otros grupos son desafíos señalados por los participantes (2),
(4) y (6). La falta de coordinación puede comprometer la eficacia de los Equipos Especiales.
La resistencia política y social, así como la garantía de independencia frente a presiones externas, son
aspectos críticos mencionados por los participantes (4), (5) y (7). La investigación de casos sensibles puede generar
presiones que afectan la imparcialidad y efectividad de los equipos.
Los desafíos para la conformación de Equipos Especiales para la investigación y persecución penal de
delitos complejos en el Perú se centran en la falta de recursos, la necesidad de personal capacitado, la coordinación
interinstitucional y la resistencia política y social. La mayoría de los participantes coinciden en estos puntos, aunque
cada uno ofrece matices y énfasis particulares. Este análisis muestra una visión compartida sobre los principales
obstáculos que deben superarse para mejorar la eficacia de estos equipos en el combate a la criminalidad compleja.
De los participantes entrevistados en virtud de la tercera pregunta: ¿De qué manera los Equipos Especiales gozan de
una adecuada autonomía e independencia en su actuación? Al analizar las respuestas de los participantes, se puede
observar una diversidad de opiniones con ciertos puntos de concordancia y discrepancia. Los participantes (1), (4)
y (7) coinciden en que, aunque se espera que los Equipos Especiales gocen de autonomía e independencia, en la
práctica, esta puede verse afectada por diversos factores como la provisionalidad de los fiscales, presiones políticas
y limitaciones institucionales.
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Los participantes (2), (4) y (5) subrayan que la autonomía de los Equipos Especiales no es absoluta y
puede estar controlada o influenciada por el Ministerio Público y otros factores externos. Los participantes (4) y
(7) mencionan la importancia de un marco legal y políticas internas que refuercen la independencia de los Equipos
Especiales para garantizar su eficacia y objetividad. Los participantes (1) y (6) destacan los problemas internos,
como la falta de coordinación entre fiscales y cambios frecuentes, que afectan la autonomía e independencia de los
equipos.
Los Equipos Especiales en el Perú enfrentan desafíos significativos en cuanto a su autonomía e independencia.
La mayoría de los participantes coinciden en que, aunque se les otorga una cierta autonomía por ley, esta puede verse
comprometida en la práctica por factores como la provisionalidad de los fiscales, presiones políticas, limitaciones
de recursos y problemas de coordinación interna. Este análisis refleja una percepción mixta, con un consenso sobre
la existencia de autonomía, pero también sobre las limitaciones y desafíos que la afectan. Para mejorar la eficacia
de los Equipos Especiales, es crucial abordar estos desafíos a través de un fortalecimiento del marco legal y la
implementación de políticas que garanticen una verdadera independencia en su actuación.
Discusión
Los resultados indican que la eficacia y operatividad de los Equipos Especiales en Perú están limitadas
por diversos factores, incluyendo la insuficiencia de recursos financieros y logísticos, la necesidad de personal
capacitado y la deficiente coordinación interinstitucional, además de las presiones políticas y sociales. El caso de
Magaly Quiróz refleja claramente esa problemática, donde la falta de financiamiento y logística afecta negativamente
la operatividad del equipo y se evidencia una cooperación insuficiente entre entidades del Estado.
Por ejemplo, Galeano (2019) destaca que los delitos complejos requieren equipos especializados y
organizados, mientas que Hernán (2019) enfatiza la necesidad de métodos avanzados y recursos adecuados. Rivera
y Solís (2020) recalca la importancia de la confianza y coordinación entre órganos de investigación, y Ocon (2021)
subraya que la falta de recursos afecta la operatividad de la lucha contra la corrupción.
Aunque Vásquez (2019) sugiere una mayor supervisión interna de los equipos especiales, esta investigación
defiende la necesidad de más autonomía y recursos continuos. La legislación peruana, representada por el Decreto
Legislativo N.° 957, establece bases para estos equipos, pero presenta vacíos en financiamiento, limitando su
efectividad.
En resumen, los resultados demuestran un consenso en los desafíos que afectan a los Equipos Especiales en
Perú, la necesidad de abordar la insuficiencia de recursos y mejorar la coordinación interinstitucional. Implementar
reformas estructurales y garantizar el financiamiento son pasos cruciales para fortalecer la capacidad operativa de
estos equipos en la lucha contra delitos complejos.
La discusión se enfoca en los desafíos para conformar Equipos Especiales en Perú impactan su operatividad
y eficacia. Los resultados confirman que la eficacia de estos equipos está limitada por la insuficiencia de recursos
financieros y logísticos, la falta de personal capacitado, la deficiente coordinación interinstitucional, y las presiones
políticas y sociales. Estos obstáculos afectan su capacidad para clasificar casos como complejos y ofrecer garantías
adecuadas.
Los resultados evidencian la necesidad de fortalecer las garantías legales y operativos de los Equipos
Especiales. Aunque el marco normativo les otorga facultades amplias, enfrentan problemas de provisionalidad,
presiones políticas y restricciones presupuestarias que afectan su autonomía.
Los casos analizados -Magaly Quiróz, Juan Carlos Villena y Marita Barreto- ilustran estos desafíos,
revelando la falta de recursos y problemas de coordinación. Por su parte, las Resoluciones N.° 1313-2022-MP-FN
y N.° 068-2024-MP-FN muestran avances en la creación de equipos especializados, aunque también destacan que
el éxito dependerá de superar la falta de especialización, recursos y garantías de independencia.
La literatura revisada, incluyendo a Galeano (2019) y Hernán (2019), reafirma la necesidad de equipos
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especializados y recursos adecuados. Sin embargo, Vásquez (2019) alerta sobre cuestionamientos a la legalidad de
estos equipos, planteando una visión que contrasta con la necesidad de autonomía evidenciada en esta investigación.
La legislación peruana, específicamente el Código Procesal Penal, establece las bases para los Equipos Especiales,
pero existen vacíos legales que obstaculizan su operatividad plena. A pesar de contar con facultades ampliadas,
carecen de un respaldo legal sólido que garantice su autonomía y asignación de recursos adecuados.
Diversos juristas y sentencias judiciales apoyan la creación de estos equipos, pero señalan riesgos de
violación a derechos si no se establecen controles. Es evidente la necesidad de reformas legales que consoliden su
autonomía, estabilicen su funcionamiento y aseguren la asignación de recursos necesarios.
En conclusión, el estudio resalta la similitud entre sus hallazgos y los casos analizados, subrayando la
complejidad de los delitos y la necesidad de equipos especializados con garantías sólidas. La operatividad en la
determinación de casos complejos afecta significativamente el desempeño de los Equipos Especiales. Para mejorar
su efectividad, es vital fortalecer el marco legal, asegurando recursos y proteger su independencia frente a influencias
externas.
Con respecto a establecer las garantías de los Equipos Especiales para la investigación y persecución penal
de los delitos complejos en Perú, se observa que la formación de estos equipos ha impactado positivamente en la
lucha contra estos delitos, logrando avances significativos, aunque la erradicación total de los mismos sigue siendo
un desafío.
Se identifican cuatro pilares clave como garantías para los Equipos Especiales: capacitación continua,
protección a víctimas y testigos, autonomía e independencia, y recursos especializados. Los casos analizados -Juan
Carlos Villena, Marita Barreto, Resolución N.° 1313-2022-MP-FN y Resolución N.° 068-2024-MP-FN- muestran
similitudes en el reconocimiento de avances, así como en la necesidad de garantizar independencia, recursos
suficientes y un marco legal sólido.
El Caso I (Magaly Quiróz) destaca presuntos problemas de abuso de autonomía y carencia de recursos,
subrayando la importancia de contar con autonomía supervisada y un respaldo logístico adecuado. Los antecedentes
revisados, incluyendo los trabajos de Galeano (2019), Hernán (2019), Vásquez (2019) y Rivera y Solís (2020),
refuerzan la efectividad de los equipos especializados, pero también señalan los desafíos que persisten. Estos
estudios enfatizan la necesidad de garantías como capacitación y autonomía, aspectos que concuerdan con las
observaciones de esta investigación.
Ocon (2021) presenta una contradicción, al señalar deficiencias administrativas que limitan el funcionamiento
de los equipos, lo que contrasta con las garantías mencionadas. Aunque la legislación peruana, reflejada en el Código
Procesal Penal, proporciona autonomía a estos equipos, también revela vacíos legales que impiden su operatividad
plena.
La Resolución Directoral N.° 016-2023-PROCIENCIA y la inclusión de fiscales en el Programa de
Asistencia a Víctimas y Testigos son avances que busca garantizar la capacitación y protección de los miembros de
los Equipos Especiales. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia destacan la necesidad de fortalecer el marco
legal para consolidad las garantías de autonomía y recursos necesarios para una operatividad efectiva.
En síntesis, aunque los resultados de esta investigación coinciden con la mayoría de los antecedentes
analizados, también subrayan la necesidad de perfeccionar el marco normativo para garantizar un combate eficaz
contra los delitos complejos, respetando los derechos fundamentales.
Las garantías de los Equipos deben incluir independencia y objetividad para garantizar investigaciones
justas, se confirma parcialmente. Si bien estas son fundamentales, el análisis revela que no son las únicas necesarias.
Además de independencia y objetividad, se destacan otras garantías fundamentales como capacitación especializada,
protección a víctimas, acceso a recursos y un marco legal sólido que respalde su autonomía. La transparencia y la
rendición de cuentas son también cruciales para prevenir abusos y asegurar el respeto al debido proceso. Se reafirma
la necesidad de un conjunto más amplio de garantías para que los Equipos Especiales cumplan eficazmente su
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misión de combatir la delincuencia compleja dentro del marco de un Estado Constitucional de Derecho.
Con respecto al fortalecimiento de la conformación de los Equipos Especiales para la investigación
y persecución penal de delitos complejos en Perú, se identifican elementos clave. Estos incluyen la asignación
adecuada de recursos financieros y tecnológicos, la contratación de personal técnico especializado, la garantía de
independencia y autonomía, así como el fomento de la cooperación interinstitucional e internacional. También se
destaca la importancia del respaldo político firme y la promoción de la ética y transparencia institucional.
Los casos analizados -Magaly Quiróz, Juan Carlos Villena y Marita Barreto- muestran similitudes entre los
desafíos y resultados, resaltando obstáculos como la falta de recursos, problemas de coordinación y la necesidad de
autonomía e independencia. A su vez, las Resoluciones N.° 1313-2022-MP-FN y N.° 068-2024-MP-FN evidencian
avances en la conformación de equipos especializados, aunque enfatizan que su éxito depende de superar desafíos
como la capacitación y el acceso a recursos.
La revisión de la literatura releva consenso con los planteamientos de Galeano (2019), Hernán (2019),
Vásquez (2019), Rivera y Solís (2020) y Ocon (2021), quienes refuerzan la necesidad de equipos especializados
y un entorno institucional sin deficiencias administrativas. Esto coincide con las recomendaciones definidas para
fortalecer a los Equipos Especiales.
Conclusiones
1. Los principales obstáculos incluyen la insuficiencia de recursos financieros y logísticos, la falta de personal
idóneo y capacitación continua, la deficiente coordinación interinstitucional y la necesidad de proteger la
independencia de estos equipos frente a presiones políticas y sociales. A pesar de sus capacidades y avances,
su desempeño se ve limitado por estos factores. Para mejorar su operatividad, es fundamental implementar
reformas que aseguren un presupuesto adecuado, recursos logísticos suficientes, formación constante para
fiscales y técnicos, protocolos claros de cooperación y mayores garantías de independencia. Abordar estos
desafíos es crucial para aumentar la eficacia de los Equipos Especiales en la lucha contra delitos complejos
en Perú, consolidando así su papel en la persecución penal de manera eficiente y justica.
2. El Código Procesal Penal del Perú otorga a estos equipos facultades ampliadas para recolectar pruebas, realizar
operativos especiales y acceder a información confidencial. También permite la protección de testigos, peritos
y colaboradores eficaces. A pesar de contar con un marco legal que les otorga cierta autonomía, los Equipos
Especiales enfrentan importantes desafíos en su labor, como la provisionalidad de los fiscales asignados, las
presiones políticas, la falta de coordinación interna y las restricciones presupuestarias limitan su capacidad
de gestión.
3. Para mejorar su operatividad, es fundamental fortalecer la autonomía de los Equipos Especiales mediante
un marco legal más sólido, el que debe incluir protección contra injerencias externas, garantizar estabilidad
y proporcionar los recursos materiales y humanos necesarios. Solo así se podrá aprovechar al máximo sus
facultades legales y asegurar resultados efectivos en la lucha contra la criminalidad organizada y los delitos
complejos en el Perú. Aunque se reconoce que la erradicación total de estos delitos sigue siendo un desafío,
se destaca la importancia de fortalecer el marco legal para mejorar la persecución de delitos complejos.
4. Las garantías de los Equipos Especiales se fundamentan en cuatro pilares clave: capacitación y entrenamiento,
protección a víctimas y testigos, autonomía e independencia, y recursos y herramientas especializadas.
5. La capacitación y entrenamiento es fundamental para dotar a los miembros de los Equipos Especiales de las
herramientas necesarias para abordar la complejidad de estos delitos. La protección a víctimas y testigos es
crucial para garantizar la seguridad de aquellos que participan en estos procesos de investigación y persecución
penal. La autonomía e independencia es fundamental para garantizar la efectividad de su trabajo y la toma
de decisiones oportunas y libres de injerencias. Por último, los Equipos Especiales parecen tener acceso
a técnicas especiales de investigación y acciones de inteligencia, lo que les permite obtener información
relevante y valiosa para sus casos. En conjunto, estas garantías buscan fortalecer la efectividad de los
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Equipos Especiales en la lucha contra la criminalidad compleja, dotándolos de las capacidades, protecciones,
autonomía y recursos necesarios para desempeñar su labor de manera eficiente y efectiva.
6. La asignación adecuada de recursos financieros y tecnológicos es fundamental para dotar a estos equipos de
herramientas que les permitan implementar técnicas avanzadas de investigación. Asimismo, es crucial contar
con personal técnico y especializado. Esto implica una rigurosa selección de fiscales, peritos y analistas, así
como programas de formación continua, de acuerdo con el marco normativo que regula la capacitación del
personal.
7. La independencia y autonomía de estos equipos deben estar garantizadas por un marco legal robusto, que los
proteja de injerencias políticas y presiones externas, conforme a la Constitución y normativas internacionales
sobre justicia. Además, la cooperación interinstitucional e internacional es vital, facilitada por la ley de
Cooperación Judicial Internacional, para el intercambio de información y recursos. El respaldo político y la
promoción de la integridad institucional, a través de controles internos y la Ley de Transparencia, también
son fundamentales.
Recomendaciones
1. Para fortalecer la conformación de los Equipos Especiales encargados de la investigación y persecución penal
de delitos complejos en el Perú, es necesario implementar una serie de reformas y mejoras que aborden los
principales desafíos identificados. En primer lugar, se debe garantizar un presupuesto adecuado y recursos
logísticos suficientes para asegurar la efectividad operativa de estos equipos. Esto implica destinar fondos
necesarios para contar con la infraestructura, equipamiento y herramientas requeridas para llevar a cabo
investigaciones complejas de manera eficiente.
2. Además, es fundamental implementar programas de formación constante para fiscales y técnicos que integran
los Equipos Especiales. Estos programas deben estar diseñados para equipar al personal con las habilidades,
conocimientos y herramientas necesarias para manejar la complejidad de los delitos que investigan. La
capacitación continua es esencial para mantener actualizados a los miembros de los equipos y mejorar
continuamente sus capacidades.
3. Es crucial establecer protocolos claros de cooperación interinstitucional y fomentar la colaboración entre
entidades en la lucha contra el crimen organizado. La falta de coordinación y comunicación puede afectar la
eficacia de las investigaciones. Se deben implementar mecanismos para facilitar el intercambio de información
y la acción conjunta. Además, es fundamental garantizar la independencia de los Equipos Especiales,
mediante salvaguardas legales que protejan su autonomía. Esto les permitirá operar sin interferencias externas
y concentrarse en su labor, rindiendo cuentas solo ante la ley y la justicia.
4. Para fortalecer la operatividad de los Equipos Especiales en la investigación y persecución de delitos
complejos en el Perú, es imperativo consolidar su autonomía a través de un marco legal más robusto que
los proteja de injerencias externas, garantice su estabilidad funcional y les provea de los recursos materiales
y humanos necesarios. Sólo así se podrá aprovechar al máximo las facultades ampliadas que les confiere
la legislación vigente y asegurar resultados óptimos en el combate contra la criminalidad organizada y los
delitos de alta complejidad.
5. Por lo expuesto, se recomienda adoptar las siguientes medidas: Reformar el marco legal para blindar a los
Equipos Especiales de presiones políticas y garantizar su independencia funcional. Establecer salvaguardas
que protejan la autonomía de estos equipos es esencial para preservar la imparcialidad y efectividad de sus
investigaciones. Asegurar la estabilidad de los fiscales y técnicos que integran los Equipos Especiales, evitando
la provisionalidad y rotación constante del personal. Esto permitirá consolidar la experiencia y conocimientos
adquiridos, mejorando la continuidad y calidad de las investigaciones. Dotar a los Equipos Especiales de los
recursos financieros, logísticos y tecnológicos necesarios para el desempeño de sus funciones. Contar con un
presupuesto adecuado, infraestructura apropiada y herramientas de vanguardia es fundamental para que estos
equipos puedan operar de manera efectiva. Fortalecer los mecanismos de coordinación interna y cooperación
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interinstitucional. Establecer protocolos claros y flujos de información eficientes entre los miembros de
los equipos y otras entidades involucradas en la lucha contra el crimen organizado, evitará duplicidades y
potenciará el impacto de sus acciones. Implementar estas recomendaciones permitirá consolidar la autonomía
y capacidades operativas de los Equipos Especiales, aprovechando al máximo las facultades que les otorga el
marco legal para investigar y perseguir eficazmente los delitos complejos en el Perú. Sólo así podrán cumplir
cabalmente con su misión de contribuir a la seguridad ciudadana y la vigencia del Estado de Derecho.
6. El respaldo político firme y la promoción de una cultura de integridad institucional son indispensables. Esto
implica implementar mecanismos de control interno y aplicar efectivamente la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para asegurar la ética y la transparencia en las investigaciones.
7. Finalmente, fomentar la resiliencia y adaptabilidad de los Equipos Especiales mediante programas de
actualización continua y participación en redes internacionales permitirá enfrentar nuevas modalidades
delictivas, cada vez más sofisticadas y transnacionales, conforme a la Ley de Seguridad y Defensa Nacional
Adoptar estas medidas contribuirá a fortalecer la conformación y operatividad de los Equipos Especiales,
asegurando su eficacia en la lucha contra los delitos complejos en el Perú.
Referencias
Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. (2020). Caso: Casa Nina Vs. Perú. https://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_419_esp.pdf
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