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| Cátedra Villarreal Posgrado | Lima, Perú | V. 2 | N. 2 | julio - diciembre | 2023 |
Vulneración de los principios de legalidad y
proporcionalidad en el delito de violencia
contra la autoridad policial, Lima Metropolitana
Violation of the principles of legality and proportionality in the crime
of violence against the police authority, Lima Metropolitana
Elmer Franklin Luciano Susano
1
Abstract
This article aimed to analyze the principles of legality and proportionality in the
crime of violence against police authority in Metropolitan Lima. To do this, a
sample survey of 42 lawyers specializing in criminal law and criminal procedure
was used and the analysis of a criminal sentence selected for convenience. A
survey was applied that used a rating scale for the Likert-type questionnaire. It
was found that when the population attacks the police authority, the response of
the criminal judges to these events at the time of sentencing the aggressors is based
on the extraordinary plenary agreement No. 1-2016, which states that the penalty
should not exceed three years, leaving in many cases impunity, which violates the
specic law itself that maintains that the penalty should be eight to twelve years.
Every criminal judge must sanction with the substantive criminal law, because
if he applies the plenary agreement he is violating the principle of legality
and proportionality, leading to an increase in common and organized crime.
Keywords: Legality, proportionality, violence against police authority, public
administration, principle of authority.
Resumen
Este artículo tuvo como objetivo analizar los principios de legalidad y
proporcionalidad en el delito de violencia a la autoridad policial en Lima
Metropolitana. Para ello, se empleó una encuesta a muestra en 42 abogados en
la especialidad en derecho penal y procesal penal y el análisis de una sentencia
penal seleccionado por conveniencia. Se aplicó una encuesta que utilizó una
escala de valoración para el cuestionario de tipo Likert. Se encontró que cuando
la población agrede a la autoridad policial, la respuesta de los jueces penales
ante estos hechos en el momento de sentenciar a los agresores se basa en el
acuerdo plenario extraordinario N.° 1-2016, que señala que la pena no debe
exceder los tres años, dejando en muchos casos en la impunidad, lo cual viola
la propia ley especíca que sostiene que la pena debe ser de ocho a doce años.
Todo juez penal debe sancionar con la ley penal sustantiva, porque si aplica el
acuerdo plenario está vulnerando el principio de legalidad y proporcionalidad,
conllevando al aumento de la criminalidad común y organizada.
Palabras Clave: Legalidad, proporcionalidad, violencia a la autoridad policial,
administración pública, principio de autoridad.
ISSN 2955-8476 | e-ISSN 2955-8174
Recibido: 04 de septiembre de 2023 | Revisado: 27 de octubre de 2023 | Aceptado: 15 de diciembre de 2023
1 Escuela Universitaria de Posgrado – UNFV. Lima, Perú
Correo: 2018041533@unfv.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-5599-4386
https://doi.org/10.24039/rcvp2023221711
Este artículo es de acceso abierto distribuido
bajo los terminos y condiciones de la licencia
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Introducción
La vulneración de los principios de legalidad y
proporcionalidad en el delito de violencia a la autoridad
policial, establecido en el Artículo 367, Inciso 3, segundo
párrafo del Código Penal del Perú, a partir de la vigencia
del acuerdo plenario extraordinario Nº 1-2016/CIJ-116,
de la República del Perú, doctrina vinculante elaborado
en el año 2015, con la nalidad de determinar la pena en
el delito de violencia y resistencia a la autoridad.
El acuerdo plenario, vinculante para todos los
jueces penales de la República del Perú, a través de
ello se juzga y sanciona el delito en mención con penas
benignas, por cuanto la pena privativa de la libertad en
el delito de violencia a la autoridad policial no puede
ser mayor a tres años, contrario a lo establecido en el
Inciso 3, segundo párrafo, del Artículo 367 del Código
Penal (vigente al 2023) que señala: “La pena privativa
de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce
años cuando: (…) 3. El hecho se realiza en contra de un
miembro de la Policía Nacional (…) en el ejercicio de
sus funciones” (p. 291).
La doctrina legal en mención no solo vulnera los
principios de legalidad y proporcionalidad al momento
de determinar la pena sino también el libre ejercicio de
la función pública protegido por el tipo penal que no es
otra cosa el normal funcionamiento de la administración
pública, la seguridad ciudadana, el principio de
autoridad, la dignidad funcional, bienes jurídicos que
la Constitución obliga a proteger y/o promover a toda
autoridad, en lo principal al juez penal, respetar la ley
cual fuere su contexto axiológico y político (Segura,
2011); por cuanto, son las leyes que se representan y
se desarrollan en principios constitucionales a partir
de las necesidades, urgencias y demandas sociales
(Aguilo, 2023) y en cuanto a la policía nacional, el
deber de vigilar determinadas fuentes de peligro y
salvaguardar o proteger determinados bienes jurídicos
frente a los peligros, es decir la policía nacional peruana
realiza acciones que persigue la seguridad pública con
la nalidad de brindar protección a los ciudadanos de
manera individual o colectiva, ante el incumplimiento
de la normativa vigente (García, 2006; Pawlik, 2008).
Para comprender la ecacia de la Ley Penal, es
necesario realizar a modo de remembranza la regulación
legislativa del delito de violencia a la autoridad policial
en el Perú, que tiene su primer antecedente en la Ley
Nº 28878 que incorporó el Inciso 3 del Artículo 367 del
Código Penal, en la que establecía una pena conminada
entre 4 a 7 años de pena privativa de la libertad.
Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo Nº 982,
la pena se incrementa entre 6 a 12 años. Estas primeras
dos modicatorias se dieron por el Poder Ejecutivo en
el periodo del gobierno de Alan García Pérez, en los
meses de julio y agosto del año 2006 y 2007; asimismo,
mediante la Ley Nº 30054, agravan el tipo penal, con
pena conminada entre 8 a 12 años, ley promulgada en
el mes de junio de 2013. Estas modicatorias, desde su
origen forman parte del paquete para la lucha contra la
criminalidad común y organizada, razón por la cual las
penas iban de menos a más; sin embargo, no garantizaban
la solución al problema.
Hasta aquí, se colige que la agravación del
quantum de la pena ha sido desarrollada de manera
gradual con el n de proteger el libre ejercicio de la
función pública, sin la cual no es posible el normal
desenvolvimiento de la administración pública, al
margen de las reformas de los tantos paquetes que
lanzaba el Poder Ejecutivo vía facultades extraordinarias,
aun así, las penas son drásticas; sin embargo, a partir
de la vigencia de la doctrina vinculante, la percepción
de la ciudadanía, es distinta; toda vez que el tipo penal
en su gura de agravante su aplicación es residual y
subsidiaria, es decir va a operar siempre y cuando no
exista ecacia de otros delitos dolosos y la pena no puede
sobrepasar los tres años de pena privativa de libertad;
doctrina legal que favorece más al imputado (agresor)
que al agraviado, atenta a la protección del normal
desarrollo de las funciones de la autoridad policial y
vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad; por
cuanto la reforma del tipo penal se encuentra reservada
para el Código Penal, medida que además impide su
fácil reforma, incluso si los tipos penales y sanciones se
encuentran en único ordenamiento jurídico, será mucho
más fácil hacer la comparación y determinar si existe
o no proporcionalidad en dicha norma legal (Ferrajoli,
2006), de lo contario, al establecer en ordenamientos
diferentes (Código Penal y Acuerdo Plenario), vulnera el
principio de legalidad, tal como señala Ferrajoli (2006):
“en primer término que ninguna medida privativa de la
libertad pudiera establecerse fuera del Código Penal y,
en segundo lugar, que el Código penal fuera aprobado
y reformado por mayoría calicada en las Cámaras
Legislativas” (p.559). Asimismo, “esta reserva de Código
habría de suponer que todas las normas en materia de
delitos, penas y procesos deberían contenerse en el
código penal o en el procesal y no podría introducirse
ninguna si no es mediante la correspondiente reforma de
uno u otro” (p.112).
En tal sentido, al haber establecido una pena
distinta a la norma penal, vulnera el principio de
legalidad estricta, principio observable por todos los
jueces penales por encima de los acuerdos plenarios,
lo que impide aplicar o extender sus límites de un tipo
penal; por cuanto las penas serán siempre necesarias con
base a una ley previamente desarrollada y promulgada
con anterioridad al delito. Lo que implica, que toda
autoridad estará sujeto a la ley al momento de imponer
la pena, es decir -los jueces- se convierten en garante
y promotor de dichos derechos, legalidad en sentido
amplio (Contreras, 2015).
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Si bien, el tipo penal cuya pena conminada
oscila entre ocho a doce años de pena privativa de la
libertad y, el acuerdo plenario, establece una pena no
mayor a tres años, resultará de exigencia la adecuación
entre la gravedad de la pena y el delito vinculado
con la proporcionalidad en sentido amplio, pues de
acuerdo a los pronunciamientos de los Tribunales
Constitucionales Europeos, vinculan al legislador en
cuanto al control de constitucionalidad de las leyes y,
a los órganos jurisdiccionales, interpretar y aplicar los
derechos fundamentales sin invadir las competencias
del legislador (Cuevas, 2012). Es allí, donde surge el
principio de proporcionalidad aplicable a las relaciones
verticales (autoridad – particular), principio que actuará
como un n público, capaz de producir un equilibrio
entre el interés público y los derechos de cualquier
persona afectada para obtener un resultado querido, con
ello lograr objetivos relevantes de la política pública
(Beade, 2022), con la nalidad de reducir las altas tasas
de índice delincuencial.
El principio de proporcionalidad, a la luz de la
teoría sustantiva de la justicia y los derechos subjetivos,
actuará como una herramienta para los jueces que muchas
veces la utilizan para moldear las normas emitidas por el
Poder Legislativo; es decir contra las normas extremas
que emite el Congreso como medida gubernamental, las
medidas de revisión también serán extremas al momento
de exponer las contradicciones argumentativas del
gobierno (Comella, 2020). Es importante señalar que el
principio de proporcionalidad no es la panacea, pero para
su funcionalidad dependen de otras teorías relacionadas
a los valores, los derechos, la justicia, etc. (Cruz, 2023),
razones por las cuales es importante su estudio, además
tiene una relación con otras investigaciones, pero desde
la óptica contraria.
El objetivo de la investigación fue analizar los
principios de legalidad y proporcionalidad en el delito de
violencia a la autoridad policial en Lima Metropolitana,
a
partir de la vigencia del acuerdo plenario, tantas veces
referida, en menoscabo del principio de autoridad de
la fuerza pública -policía nacional- y capacidad para
dirigir con la legitimidad otorgada y reconocida por
la ciudadanía (Cruz, 2020), por cuanto son agredidos
durante el ejercicio de sus funciones, a pesar de que
en el derecho comparado, en lo especíco el derecho
penal español, vincula el principio de autoridad a la
seguridad y al orden público, bajo la idea de jerarquía y
subordinación (Robles, 2021). Pero, con la vigencia de
la doctrina legal vinculante, el principio de autoridad se
encuentra en crisis, a pesar de que los jueces de todos los
niveles tienen el poder para dar y usar normas, pero las
vulnera (Morales, 2023).
Método
La aplicación de la encuesta fue realizada a 42
abogados de la especialidad en derecho penal y procesal
penal, compuesto por jueces, scales, defensores
públicos y abogados libres, vía virtual y durante
la pandemia del año 2020. El cuestionario estuvo
compuesto por 20 preguntas de tipo Likert; asimismo,
se hizo el análisis de una sentencia penal en el delito de
violencia a la autoridad policial.
Resultados
Conducta desviada que debe reunir ciertas
acciones para ser punibles y es de importancia publica
ya que su desenfreno divide a la comunidad y la pérdida
de control político por falta de estrategia para tratar el
tema de delito.
Encontrándose el siguiente resultado:
Tabla 1
El delito
Por tendencia el 95% de los encuestados han
señalado que la pena privativa de la libertad establecida
en el Código Penal peruano ayuda a minimizar los actos
de violencia a la autoridad policial pese a que la sanción
penal debe ser de última ratio; sin embargo, el acuerdo
plenario extraordinario N° 01-2016, no ayuda a combatir
el incremento de violencia a la autoridad policial al
establecer una pena privativa de la libertad no mayor a
3 años, conllevando al incremento de la agresión a los
efectivos policiales.
Garantías sustanciales que se encuentran los
principios de estricta legalidad y taxatividad introducidos
en el Código Penal mediante reformas legislativas.
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Tabla 2
La pena
Por tendencia el 83% de los encuestados han
señalado que el Código Penal peruano permite sancionar
las conductas de las personas que infringen la ley penal,
es decir toda conducta debe estar señalado previamente
en una norma sustantiva, bajo el principio de legalidad y
un 16% no están de acuerdo con lo típico y antijurídico,
sino con el acuerdo plenario extraordinaria N° 1-2016,
que determina la pena para los delitos de violencia a la
autoridad policial no mayor a tres años, conllevando la
vulneración del principio de legalidad.
Decisiones de la Corte Suprema que se realiza
con la nalidad de concordar criterios jurisprudenciales,
se discute y decide en privado y genera un efecto
vinculante para los jueces.
Tabla 3
Acuerdo plenario
En este recuadro el 85% de los encuestados
señalan que la forma agravada del delito de violencia a
la autoridad policial prevista en el Código Penal peruano
debe ser residual, esto implica que frente a los hechos que
no revisten gravedad los agresores deben ser sancionados
con el tipo penal base establecido en los Artículos 365 y
366 del Código Penal, cuya pena privativa de la libertad
oscila entre 2 a 4 años y no con otros tipos penales ajenos
a los delitos contra la administración pública conforme
señala el acuerdo plenario extraordinario N° 1-2016.
La Policía Nacional peruana representa el orden
que persigue la seguridad publica en la protección de los
ciudadanos de manera individual o colectiva ya sea de
manera preventiva, disuasorias, investigación, coactivas,
etc., en consecuencia, en el tipo penal de violencia
contra la autoridad policial el bien jurídico protegido es
la función pública que ejercer la autoridad policial de
manera correcta en benecio de los ciudadanos.
Tabla 4
Bien jurídico protegido
En este recuadro por tendencia el 88% de los
encuestados han señalado que el delito de violencia
a la autoridad policial prevista en el Código Penal
peruano está orientado en esencia en proteger la función
policial, delito comprendido contra la administración
pública y no a la vida, el cuerpo o la salud, bienes
jurídicos distintos que desarrolla el acuerdo plenario
extraordinario N.° 1-2016, conllevando la vulneración
el normal funcionamiento de la administración publica
relacionado al principio de autoridad y la seguridad
ciudadana.
La pena debe estar enmarcada en el Código
Penal y no fuera de esta por más compleja que sea con
la nalidad de garantizar la libertad del ciudadano y
detener el desarrollo incomprensible e injusticada de la
despenalizaciones u otorgamiento de penas benignas en
reuniones privadas para generar un efecto vinculante en
los jueces penales.